La comunicación política, la democracia mediática y el derecho a la información (página 2)

   Esos cambios exigen diagnósticos
mesurados. No estamos ante la aldea global que algunos
soñaron hace tres décadas o que incluso, hay
quienes con demasiado entusiasmo suponen que ya tenemos ahora.
Tampoco nos encontramos en la situación de los años
setenta, cuando parecía que el espacio público
quedaría irremediablemente subyugado por la
televisión convencional.

   El auge de las comunicaciones
llega a todo el mundo, pero no a todas las personas. Hay
teléfonos celulares y conexiones a la Internet en
prácticamente todos los países, pero en los
segmentos más pobres del mundo esos recursos
están –y seguramente seguirán estando–
fundamentalmente en manos de las élites. Al mismo tiempo,
conforme se extienden, esos recursos son empleados de nuevas y
variadas maneras, incluso por gente que jamás pensó
que sus mensajes pudieran llegar a destinatarios en todo el
mundo. La telefonía inalámbrica permite la
conexión de comunidades antaño casi
irreparablemente aisladas, especialmente en zonas rurales.
La
comunicación satelital, lleva las señales
internacionales de televisión
a sitios en donde apenas se sintonizaba la radio. La
Internet, conecta a ciudadanos de todo el planeta en torno a
preocupaciones muy específicas, pero está lejos de
desplazar a las formas convencionales de participación y
decisión en las sociedades, a
diferencia del apasionamiento con que algunos hablan de una nueva
democracia
electrónica.

   Los nuevos recursos comunicativos no anulan
el carácter, ni las prácticas
autoritarias de los medios masivos
convencionales, pero constituyen contrapesos, a veces
significativos, delante de ellos. La otra gran fuente de
exigencias delante de la televisión, la radio y la
prensa (la
cual en comparación con los medios
electrónicos tiene audiencias numéricamente
modestas, pero cualitativamente importantes) es el afán de
los núcleos sociales más activos para
valorar los mensajes de los medios e incluso, para replicar
delante de ellos.

   En las sociedades políticamente
más desarrolladas, el escrutinio ciudadano de los medios
se ha convertido en una práctica asidua y fructuosa para
atemperar el autoritarismo de los medios. Al asumir a los medios
como parte del espacio público y no como acaparadores o
sustitutos de él, sus contribuciones y debilidades se
reconocen de manera abierta.

   Los medios suelen ser tema de
discusión, especialmente en dos grandes áreas. Por
un lado, es frecuente la controversia acerca de sus efectos en la
formación ciudadana y moral de las
personas. Especialmente, causan preocupación las
implicaciones que  puedan tener en los espectadores
más jóvenes, los contenidos de carácter
violento o apropiados para adultos.

   Por otra parte, suele ser motivo de
debate la
distorsión de los asuntos públicos cuando pasan por
el tamiz de los medios de
comunicación. En ocasiones, se advierte la
decisión política (que puede
estar influenciada desde el gobierno u otros
poderes) para soslayar o censurar contenidos incómodos o
polémicos. En otros casos, los mismos medios distorsionan
los asuntos públicos al manejar su difusión con
parcialidad o sensacionalismo. Es frecuente la
difuminación de la frontera entre
la vida privada y los deberes institucionales de los personajes
públicos.

   No existe un esquema que pueda considerarse
universalmente aceptado, ni eficaz, para resolver las permanentes
dificultades de la compleja relación entre medios de
comunicación, sociedad y
Estado. Pero
cada vez en más naciones, tienden a establecerse marcos
regulatorios que se sustentan en el reconocimiento de que, igual
que cualquier otra, la libertad de
información y comunicación necesita ser estatuida en
leyes y
normas capaces
de garantizarla. Los marcos legales para los medios, suelen
regular el derecho de los particulares a instalar y poseer
estaciones transmisoras de televisión y radio. En 
cada vez más situaciones, se establecen límites a
la propiedad de
varios medios por parte de una persona o un
grupo de
inversionistas. También, en esos marcos regulatorios, son
frecuentes las garantías para que los ciudadanos puedan
inconformarse ante la divulgación de contenidos que los
difamen o transgredan su privacía.

   En numerosas naciones, la existencia de
reglas para la comunicación no significa limitaciones para
la libertad de
expresión. Al contrario, el derecho de la
información tiende a reconocer que sin normas, esa
libertad queda solamente en manos de quienes tienen recursos o
prerrogativas para poseer o manejar medios de
comunicación.

   Una vertiente cada vez más explorada
en muchas naciones, más allá de las leyes pero sin
contradicción con ellas, es el establecimiento de
parámetros éticos con los cuales las empresas de
medios, o las comunidades de periodistas, se comprometen a
autorregularse. En ningún sitio, los códigos de
ética
sustituyen a las leyes. En muchos, en cambio
constituyen un recurso que con frecuencia permite que los
litigios dentro de los medios y especialmente entre ellos y los
ciudadanos, puedan resolverse en instancias previas a los
tribunales.

   Esas circunstancias, llegan a propiciar una
diversidad de emisores que no suele existir en los países
sin regulación de los medios. Tal variedad, suele ser uno
de los elementos más sólidos para propiciar y
mantener, de manera democrática, el debate acerca de los
asuntos públicos más relevantes.

   En México, los medios
electrónicos de comunicación han experimentado una
apertura notable en comparación con la parcialidad que
solía distinguirlos hasta hace pocos años. Sin
embargo las leyes para la comunicación, la propiedad de
las empresas de ese ramo, la falta de recursos de sus
públicos para influir respecto de ellas y la
supeditación de prácticamente todos los actores de
la vida pública a la hegemonía de los medios,
siguen siendo tan ostensibles como antes. El de la prensa es un
caso aparte: hay abundantes publicaciones, de muy variable
calidad,
constreñidas a públicos exiguos.

   La televisión y antes la radio, se
desarrollaron como industrias ante
la notable indolencia del gobierno federal. A diferencia de
muchas otras naciones que consolidaron ordenamientos legales y
sistemas de
medios públicos capaces de atemperar el dominio de otras
maneras irrefrenable de los medios electrónicos, en
México el
poder
político asumió con ignorancia, tardanza e incluso
incomodidad, el tema de la comunicación
social. Resultado de esas condiciones, es la permanencia de
leyes atrasadas e ineficaces pero además, la flagrante
impunidad con
que suelen desempeñarse los medios
electrónicos.

   Hay docenas de leyes, reglamentos, decretos
y otros ordenamientos que contienen disposiciones relativas a los
medios de comunicación. Esa dispersión, implica
entre otras cosas una enorme eficiencia para
ubicar a los medios en una normatividad clara, equitativa y capaz
de ser cumplida por todos los actores del proceso de la
comunicación. Las leyes más importantes, son la de
Imprenta que
fue promulgada en 1917 y la Federal de Radio y Televisión,
de 1960.

   Las insuficiencias y limitaciones de estas
leyes, son conocidas aunque no por ello han sido revisadas ni
sustituidas por un cuerpo normativo tan moderno como los medios
de comunicación que debiera regular. La Ley de Imprenta,
aunque establece el derecho de réplica, está
orientada por una concepción de moralidad tan
anticuada que, si se pusiera en práctica,
implicaría la censura de numerosas publicaciones que ahora
circulan. La ley de radio y televisión deja en manos de un
solo funcionario –el secretario de Comunicaciones y
Transportes–  la asignación y, eventualmente, la
cancelación de las concesiones para los medios
electrónicos, carece de recurso alguno para que los
ciudadanos se puedan inconformar ante los contenidos de esos
medios y es tan obsoleta que no contempla la transmisión
por cable o satelital, ni la difusión de mensajes por
video y otros
recursos de propagación de imágenes y
sonidos. Por ejemplo: para esa ley, sistemas como
Multivisión o Cablevisión no son televisión,
porque no transmiten según los parámetros
antaño convencionales, de manera abierta y por el espacio
aéreo.

   El atraso de esas leyes, resulta más
patético en contraste con el desarrollo
político que han experimentado el resto de la sociedad y
las instituciones
mexicanas. El carácter autoritario, discrecional,
unilateral y arcaico del régimen legal para los medios en
México es reconocido, de una u otra manera, por casi todos
los actores del proceso de comunicación de masas. Sin
embargo, las empresas de comunicación e incluso algunos de
los comunicadores que trabajan en ellas, suelen preferir la
ambigüedad o la obsolescencia de las leyes, antes que su
revisión y actualización. Hay quienes, con
convicción, piensan que la revisión de las leyes
para los medios podría traducirse en diques que ahora no
existen, para la libertad de expresión. Otros,
especialmente algunos de los empresarios más poderosos en
ese terreno, prefieren la ambigüedad de las leyes actuales y
el régimen de entendimientos oficiosos al que han llegado
con el gobierno, antes que la existencia de nuevos ordenamientos
que podrían afectar los privilegios que ahora
tienen.

   El de las leyes para la
comunicación, es un tema que ha sido reiteradamente
redimido por algunos legisladores y trabajadores de los medios,
lo mismo que invariablemente cancelado por las élites
políticas y por los dueños de las
empresas de información más poderosas.

   En varias ocasiones en el último
cuarto de siglo, se ha repetido la misma rutina para preservar el
estancamiento legal acerca de los medios: cuando el gobierno o
algunos legisladores proponen actualizar ese marco
jurídico, se sobreviene una andanada de admoniciones
contra la que, según se dice, es una tentativa para
amordazar a los medios. Quienes quedan amordazados, entonces, son
aquellos que se ha propuesto impulsar una reglamentación
moderna para la comunicación.

   Los concesionarios de la televisión
y la radio y algunos influyentes dueños de
periódicos, suelen encontrar intenciones restrictivas en
cualquier propuesta para renovar las leyes aplicables a los
medios. Algunos periodistas y trabajadores de la
comunicación, en parte llevados por su natural
desconfianza a prácticamente todo lo que provenga del
poder político, llegan a compartir esas aprensiones. El
gobierno federal, curiosa pero lamentablemente, suele encabezar
esa oposición a actualizar las leyes para la
comunicación. En los sexenios más recientes y de
manera más enfática en el actual, los 
gobiernos mexicanos han sostenido que dictar leyes para los
medios significaría coartar su derecho a la
expresión ("la libertad de prensa no se reglamenta: se
conquista y se ejerce"), se dice con tan demagógica como
ignorante retórica. Y es que en México esa libertad
ya está reglamentada, pero de manera atrasada e
insuficiente.

   Los partidos
políticos, todos ellos, han tenido una posición
titubeante delante de ese asunto. Prácticamente en todos,
se reconoce la necesidad de reformar las leyes para los medios en
México. Sin embargo, habitualmente ninguno de ellos se
anima a ubicar esa tarea entre sus prioridades políticas o
legislativas. Le tienen miedo a la hostilidad que una
posición así podría suscitar en algunos de
los medios más importantes.

   Las pocas veces que a los partidos les
inquieta la situación de los medios, es para buscar
más espacio gratuito en su propio beneficio, o para
proponer que los noticieros destinen más minutos a las
campañas electorales. Cuando algunos de sus integrantes se
interesan por la reforma de los medios, suelen quedar aislados y
sin respaldo de esas organizaciones
políticas. Hoy en día, gobierno y partidos –y
junto con ellos, la sociedad–  se encuentran en una
situación de rehenes respecto de los medios más
influyentes y autoritarios. Hay apertura, de manera notable y
constatable, pero sólo en los términos, las
ocasiones, los espacios y para los protagonistas que los medios
eligen como beneficiarios de tal flexibilidad. Y si desde
el universo
partidario y legislativo hay una mezcla de temor, ignorancia y
pasmo respecto de los medios, en el gobierno se mantiene una
reiterada evasiva para cumplir con las responsabilidades
más elementales en ese terreno: las autoridades
gubernamentales para los medios (en la dirección de RTC de la Secretaría de
Gobernación, o en la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes) suelen ser pasivas y obsequiosas, o se comportan
como si estuvieran al servicio de
los empresarios de ese ramo y no de los ciudadanos.

ALGUNAS PROPUESTAS

   La reforma de los medios de
comunicación tendría que haber sido parte de la
reforma del Estado, a la par que la actualización de la
legislación electoral. De hecho, este asunto
amerizaría una atención tan destacada como la que han
recibido las reglas para que los votos cuenten y se cuenten.
Podría pretenderse que los medios, medien y no
mediaticen.

   Las coordenadas de esa reforma,
independientemente de cuáles medidas pudieran ser de
obtención inmediata y cuáles a mediano plazo,
podrían establecerse a partir de los fines que se pretende
para los medios. Así es como ordenamos las siguientes
propuestas.

A)    Medios para la
sociedad.

   La sociedad debiera dejar de ser solamente
destinataria de los mensajes masivos. Siempre lo es, pero quedar
reducida a espectadora, cuando en muchos sentidos puede ser
actora, empobrece notablemente la calidad ciudadana de nuestra
democracia.

   En ese interés,
podría pretenderse el establecimiento de facilidades para
la apertura o consolidación de medios de
comunicación cuyo propósito primordial no sea
lucrativo: radios y televisoras universitarias, de grupos
comunitarios, de agrupaciones civiles y/o de partidos
políticos. Exenciones fiscales, permisos de importación de equipo, respaldos
crediticios y otro tipo de apoyos, favorecerían a tales
empresas. Es pertinente abolir la distinción legal entre
medios concesionados y permisionados que a estos últimos,
que suelen ser de carácter cultural, les impide
comercializar espacios, dejándolos en condiciones de
desventaja frente a los medios fundamentalmente
mercantiles.

   Además podría reglamentarse
el uso social del tiempo que hasta ahora, encontrándose
destinado al Estado, es ejercido casi exclusivamente por el
gobierno federal. El 12.5% del tiempo total de transmisiones de
las radio y televisoras concesionadas, es una papa caliente en
manos de funcionarios sin interés para utilizarlo y
más preocupados por las incomodidades que su cabal
empleo pueda
suscitar en los empresarios de esa industria, que
en organizar y extender el uso de tales espacios.

   Hay medidas adicionales para promover el
empleo social de los medios: centros de producción accesibles a grupos ciudadanos,
con acuerdos que permitan la difusión de los mensajes
allí elaborados; fomento a las producciones
universitarias; espacios institucionales (y no sólo a
merced de la tornadiza voluntad de funcionarios del gobierno o de
los dueños de radio y televisoras) para transmitir, sin
censura alguna y en horarios decorosos, los programas de esa
índole.

   Medidas como esas, tenderían a
fortalecer una idea de medios públicos que hasta ahora ha
sido casi inexistente en México: empresas con aportaciones
estatales pero a cargo de grupos e instituciones independientes,
o con un financiamiento
tan heterogéneo y una situación legal que les
permitiera no estar supeditadas a vaivenes o restricciones de
carácter burocrático. Pensamos en un esquema como
el de la televisión pública en los Estados Unidos
(PBS) que es financiada con recursos federales, estatales y
municipales, al mismo tiempo que con aportaciones de sus
públicos a través de la cuota que pagan al
suscribirse a los sistemas de cable que conducen esa
señal.

   El punto central en este apartado,
sería la apertura y la plena transparencia en la
asignación y revisión de las concesiones para los
medios electrónicos. Actualmente, la SCT no sólo
decide a su arbitrio quiénes pueden y quiénes no
pueden transmitir por radio y televisión. Además,
las autoridades de esa Secretaría y a través de
ellas el gobierno federal, mantienen en un inaceptable secreto
los datos sobre
vencimiento y características de los títulos de
concesión. En la medida en que esas decisiones y esa
información sean transparentes, los grupos de empresarios
que quieren y pueden incursionar en la comunicación de
masas encontrarían respuesta justa a esas pretensiones
legítimas.

B) Sociedad para los medios.

En México el único derecho que tienen los
públicos de los medios, como tales, es la prerrogativa de
apagar el televisor o el radio. Carecemos de una
legislación que reconozca el derecho de los destinatarios
de la comunicación de masas para aclarar y rectificar pero
también, para opinar, proponer, matizar y discrepar acerca
del contenido de los medios.

   La sociedad podría tener un papel
menos pasivo delante de los medios, de dos maneras que pueden ser
complementarias. Por un lado, la legislación podría
reconocerles personalidad
jurídica, para propiciarlas, a las asociaciones de
radioescuchas, lectores o televidentes que se organizaran
según el interés específico de los
públicos de cada medio o por ciudades, o regiones. Esas
agrupaciones, como expresión directa de la sociedad,
podrían tener derecho a ser atendidas por los responsables
del medio en cuestión e incluso, a contar con espacios
para opinar acerca de los contenidos que reciben. Al mismo
tiempo, podría estimularse la educación para
leer a los medios. De los medios, se obtiene mejor
provecho en la medida en que se conoce cómo funcionan,
qué géneros emplean, cuáles pueden ser sus
efectos e incluso, en donde termina la recreación
de la realidad y en dónde comienza la
ficción.

   Agrupaciones de ciudadanos interesados en
los medios y educación para la
recepción crítica, son dos recursos que involucran a
la sociedad con las empresas e instituciones de
comunicación y que han sido desarrollados con experiencias
de gran interés en otros sitios de América
Latina. Con tales recursos, se busca fortalecer las
capacidades de la sociedad activa para interactuar con los medios
y no ser solamente pasiva espectadora de ellos. En México,
esos instrumentos han sido muy escasamente utilizados.

C)    Medios para la
democracia.

   Los medios de comunicación, en su
gran mayoría, son negocio. Es ingenuo pretender que el
interés mercantil quede desplazado de los
propósitos de sus propietarios y operadores. Pero
además la sociedad tiene derecho a que, sin dejar de tener
como meta la rentabilidad
económica, los medios sean instrumentos de servicio y de
educación cívica.

   En México, ya tenemos una relativa
pero constatable apertura en la diversidad política de los
medios de comunicación. Pero esa pluralidad, no siempre se
traduce en mejores contenidos.

   No puede esperarse que los medios,
solamente con cambios legales, alteren la conducta que
hasta ahora ha sido habitual y, de la noche a la mañana,
se conviertan en adalides y promotores de los valores
democráticos. Pero tampoco parece posible que, sin
reformas legales, los medios abandonen las inercias que durante
varias décadas los han convertido –salvo excepciones,
claro–  en reductos de maniqueísmos,
simplificaciones e intolerancias, en la apreciación que
difunden acerca de los asuntos públicos más
diversos.

   La democracia no se instituye por decreto.
Pero una de las consecuencias al mismo tiempo que uno de los
motores para
avivar y profundizar la democracia, radica en las reformas
legales.

   En México, vale la pena repetirlo,
tenemos un régimen profundamente autoritario en materia de
comunicación social. Abundan las sugerencias para comenzar
a cambiar esa situación. En los archivos de la
Comisión de Radio y Televisión de la Cámara
de Diputados, se conservan varias iniciativas, actualmente en
virtual congelamiento, para actualizar algunas leyes y en otros
casos, para crear una auténtica Ley Federal de
Comunicación Social.

   Entre otros, la mayor parte de esas
propuestas coinciden en los siguientes ejes:

   a) Quitarle al gobierno la facultad de
decidir, al margen de otros actores públicos, la
asignación y revisión de las concesiones de radio y
televisión. Las concesiones deben ser otorgadas solamente
por concurso y tomando en cuenta no sólo la capacidad
financiera de las empresas interesadas en ellas, sino antes que
nada aptitud profesional y proyectos de
programación.

   b) Establecer mecanismos de
participación de la sociedad en la deliberación
–sin que signifique posibilidad alguna de censura–  acerca
del contenido de los medios. La fórmula más
reiterada, que se asemeja a espacios de participación y
decisión que existen en otros países, es la
creación de un Consejo Nacional de la Comunicación
Social.

  c) Garantizar el derecho de réplica en
todos los medios y preservar el derecho de todos los ciudadanos a
la vida privada.

   d) Sancionar las calumnias y las injurias
de los medios, cuando ocurran de manera dolosa y sin que se hayan
aceptado las rectificaciones de los afectados. La libertad de
expresión no debiera ser patente de impunidad.

   e) Defender los derechos de los trabajadores
de los medios, comenzando por el derecho de expresión y
los de carácter laboral.

   f) Reglamentar la obligación del
Estado para informar acerca de los asuntos
públicos.

   g) Asegurar el derecho de la sociedad a
conocer la información básica acerca de la
situación de los medios. Hoy en día, no existen
datos confiables a la vez que actuales, acerca de audiencias y
circulación.

D)    Medios de Estado, no
del gobierno

   La apertura política no tiene por
qué significar la desaparición de los medios a
cargo del gobierno. Pero sí es incompatible con la
permanencia de medios que, siendo financiados con recursos
públicos, suelen estar dedicados a promover solamente al
gobierno, o a una secretaría de Estado –o, peor, a un
funcionario–.

   Los medios sostenidos con fondos fiscales
deben ser de carácter público. Eso significa que
estén a cargo del Estado, pero sin depender del gobierno.
Las estaciones del Instituto Mexicano de la Radio, los canales de
televisión 11 y 22, Radio Educación, la Agencia de
Noticias
Notimex y otros medios en condiciones similares, pueden
desempeñar un papel de enorme relevancia en la
consolidación de un espacio público regido por
criterios no mercantiles en el espectro de los medios mexicanos.
Para ello, es necesario que su presupuesto sea
actualizado y garantizado de acuerdo con la relevancia de su
función
social. Junto con ello, es indispensable que, funcionando como
organismos desconcentrados dentro de la administración
pública, tengan órganos directivos y
autonomía tal, que su funcionamiento no sea afectado por
los cambios de gobierno.

   Algo similar podría establecerse con
los medios que ahora son propiedad de algunos gobiernos
estatales.

   El gobierno federal, desde luego, tiene
derecho a contar con espacios propios para la difusión de
sus mensajes. Los tiene y es pertinente que conserve algunos de
ellos las frecuencias abiertas en virtud del 12.5% del tiempo
estatal. En medios públicos como los antes mencionados, el
gobierno tendría un acceso garantizado y
sistemático. Adicionalmente a esos espacios, el gobierno
tiene derecho a transmitir durante media hora diaria en cada
estación de televisión y radio. Es indispensable
que rinda cuentas
detalladas y claras de ejercicio de esos recursos en materia de
comunicación.

   Además del Poder
Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial tienen derecho a
contar con espacios e incluso, con medios propios. El canal de
televisión del Congreso, cuyo funcionamiento ha sido
dificultado por carencias presupuestales e indecisiones internas
pero fundamentalmente por la injustificada negativa del gobierno
federal a otorgarle una frecuencia en la televisión
abierta, podría constituir un espacio de
información y deliberación capaces de fortalecer la
cultura
democrática.

   Es deseable que los mensajes del gobierno
en los medios electrónicos, se propaguen en ejercicio del
tiempo estatal. Parece inexcusable que, contando con ese tiempo,
el gobierno federal o cualquier otra institución estatal
gasten recursos, a veces en cantidades muy importantes,
contratando publicidad en la
radio y la televisión. Una de las mayores expresiones de
negligencia en ese aspecto, es la disposición de la
legislación electoral que faculta al Instituto Federal
Electoral a gastar dinero en la
compra de espacios para las campañas de los partidos,
pudiendo aprovechar plenamente los tiempos que resultan del
ejercicio del 12.5%

   En los medios impresos, es impostergable la
transparencia en el ejercicio de recursos publicitarios. Aunque
en algunas dependencias existen reglamentos para tal efecto, en
muchos casos la compra de espacios publicitarios sigue siendo un
notable recurso para que el gobierno federal, los gobiernos
estatales y otras instituciones públicas, presionen y
sobornen a diarios y revistas. No es indebido que el gobierno o
cualquier institución, gasten dinero para anunciarse en
los medios impresos. Lo que resulta ilegítimo, es que lo
hagan con el propósito de influir en su línea
editorial y, por añadidura, a escondidas. Es preciso
reglamentar ese gasto publicitario a fin de que sea ejercido de
manera transparente, tomando en cuenta la circulación real
de las publicaciones en donde se contratan anuncios y
también, su calidad y características
específicas. También puede establecerse la
obligación de todos los diarios y revistas para
añadir la leyenda "inserción pagada" a los materiales de
esa índole.

   Es pertinente discutir la posibilidad de
establecer en México un programa de
ayudas a la prensa, a semejanza del que existe en países
como Francia, para
publicaciones que de otra manera no podrían editarse y
cuyo contenido justifique ese respaldo estatal.

E)     Hacia la Sociedad
de la Información

   Las novísimas tecnologías de
la información, abren una hasta hace poco insospechada
posibilidad para diseminar conocimiento
de manera directa entre los ciudadanos. A diferencia de los
medios convencionales, la Internet permite que cada usuario, si
quiere, interactúe con los emisores de los contenidos que
recibe y además, pueda poner en circulación sus
propios mensajes. Las capacidades que la Internet ofrece para la
enseñanza a distancia, la
información plural y la deliberación de los
más variados asuntos, son tan extensas como sus usos para
la disipación en todos los
sentidos.

   Numerosos países y regiones del
mundo, han puesto en práctica políticas de fomento
para el desarrollo de la Internet entre sus ciudadanos. Inclusive
naciones con tantos o más rezagos sociales que la nuestra,
han entendido que ponerse al día en el empleo de ese
recurso informático, es una manera de no demorarse
más respecto del desarrollo tecnológico, cultural y
mercantil.

   México constituye una lamentable
excepción en ese panorama. El Programa Nacional de
Desarrollo Informático se dedica, fundamentalmente, a
glosar el uso de la computación en las dependencias del
gobierno y se ocupa muy poco del desarrollo de la Internet. Una
política nacional en ese aspecto requeriría, entre
otros aspectos, de:

a)      Políticas
para abatir costos de
conexión;

b)      Facilidades y
estímulos para la adquisición de equipos de
computo a bajo precio;

c)      Capacitación a los usuarios de la
Internet;

d)      Promoción para la creación de
sitios web que rescaten y propaguen nuestra cultura
nacional;

e)      Utilización
de la red de
redes para
acercarnos al resto de América Latina

f)       
Diversificar los accesos a la Internet de manera gratuita, o
a precios
muy bajos, en sitios públicos: bibliotecas, oficinas postales,
mercados,
oficinas de gobierno.

g)      Internet para todos
los maestros y en todas las escuelas del
país.

F)     Medios con
ética

Más allá de los ordenamientos legales, los
medios de comunicación pueden pertrecharse y a la vez
crear puentes de compromiso e identificación con la
sociedad, a través del establecimiento de códigos
de ética. Tales códigos, señalan criterios
para el manejo de la información y eventualmente, de los
contenidos de otra índole y representan el criterio de los
editores, y/o los trabajadores, de la empresa que se
compromete con esos valores.

   Es un error suponer que los códigos
de ética pueden surgir de una obligación
jurídica. La ética no sustituye a las leyes, pero
tampoco depende de ellas, como a veces se piensa. Pero en cambio,
la promoción de tales códigos y de la noción
misma de esa forma de compromiso de los medios con sus
públicos, pueden ser respaldadas por los ciudadanos y los
partidos políticos interesados en que tengamos una
comunicación comprometida con sus la sociedad.

   A fin de facilitar la aplicación de
las pautas establecidas en los códigos de ética, es
posible la creación de comisiones de pares en las
redacciones, o de ombudsman de los medios. La existencia de esos
defensores de los lectores, o de los públicos de los
medios, solo es útil en la medida en que en torno a ellos
existe un compromiso moral –ético– a la vez que
público, de las empresas de comunicación y sus
trabajadores. Es inconveniente pensar en un ombudsman para todos
los medios. Los litigios que habría en torno a su
designación, acabarían por echar a perder la
utilidad de
esa figura cuyo mayor respaldo se encuentra en la responsabilidad gremial que sea capaz de
concitar.

Raúl Trejo Delarbre

Investigador en el Instituto de Investigaciones
Sociales de la UNAM.

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